180 días de clase: 20 % de aumento docente

Si garantizan los 180 días de clases, habrá aumento para los docentes

 

En vísperas del comienzo de clases, el Gobierno negocia un aumento salarial con los docentes, que podría rondar el 20%. Si bien desde la gestión kirchnerista cada año lectivo llega acompañado de una mejora salarial, esta vez la nota distintiva es la instrucción de la presidenta Cristina Kirchner para que los maestros, a cambio del aumento, se comprometan a cumplir el dictado de 180 días de clases durante el año y a no promover paros.

Aunque todavía no se definió si ese compromiso será por escrito o verbal, la estrategia pone fin a los sucesivos aumentos del piso salarial docente sin condicionamientos ni contrapartidas, que desde 2005 aplicó el gobierno de su marido. Durante la gestión educativa del ministro Daniel Filmus, el salario mínimo docente creció sucesivamente a $ 710, $ 840 y a $ 1040, en marzo pasado.

La exigencia para condicionar el aumento salarial fue transmitida anteayer a los gremios en la reunión paritaria nacional, celebrada en el Ministerio de Trabajo, junto con funcionarios de gobiernos provinciales. El encuentro pasó a cuarto intermedio y se reanudará hoy, a las 16, en la sede de la cartera laboral.

Hasta ahora el Gobierno recibió la pretensión gremial de elevar el piso mínimo de $ 1040 a $ 1400 y no comunicó su oferta, aunque fuentes educativas indicaron que el aumento oscilará entre el 20 y el 25%. Así, el piso mínimo que deberían cumplir todas las provincias pasaría a $ 1300.

En la comisión paritaria se estudiaban dos alternativas: la de máxima, sostenida por el ministro Tedesco, es exigir el compromiso de no hacer paros antes de realizar la oferta. La más conciliadora, propiciada por ministros provinciales, es acordar un incremento escalonado hasta llegar, al promediar el año, a la suma que se acuerde.

Consultados por LA NACION, los cinco gremios docentes nacionales que participan de las negociaciones con el Gobierno mostraron su acuerdo con garantizar el cumplimiento del ciclo lectivo y la calidad de la enseñanza, pero advirtieron que si surgen conflictos con los gobiernos provinciales no dejarán de lado el derecho constitucional de huelga.

"El método de otorgar aumentos a cambio de nada se agotó", dijo ayer a LA NACION una fuente cercana al ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco, al asumir como una decisión sin retorno la nueva instrucción de la presidenta Kirchner. En voz baja, los representantes gremiales admiten que son conscientes de que el aumento salarial sin compromiso alguno es una vía muerta.

Precisamente, uno de los párrafos más recordados del discurso de asunción de la mandataria en el Congreso, hace dos meses, fue el que dedicó a la educación, cuando habló de la necesidad de recuperar la escuela pública y gratuita y reclamó una escuela donde "haya clases todos los días".

El mismo tono, con sensación de reprimenda, utilizó Cristina Kirchner al recibir la semana última al secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y ex titular de la Ctera, Hugo Yasky, a quien le expresó personalmente su malestar por la posibilidad de que se desaten conflictos docentes durante su gestión.

La comisión negociadora

Las negociaciones salariales son llevadas adelante por la Comisión Negociadora de la Paritaria Docente Nacional, constituida por decreto.

En ese escenario, mientras el Gobierno intentaba acercar posiciones para avanzar en la regularización de la carrera docente y en una instancia mediadora para actuar en los casos de posibles conflictos docentes en las provincias, los delegados docentes plantearon el reclamo de un aumento del 30% del piso salarial de los maestros.

"La pretensión de $ 1400 es imposible de alcanzar, y los gremios lo saben. A lo mejor se puede llegar a una cifra inferior en forma escalonada", confió anoche un ministro provincial.

Según pudo saber LA NACION, la propuesta de que los gremios se comprometan a garantizar 180 días de clases y evitar los paros surgió de la ministra de Educación de Tucumán, Silvia Rojkes de Temkin. En rigor, se trata de lograr el compromiso de los gremios para cumplir una ley vigente, ya que desde diciembre de 2003 rige la ley de los 180 días de clases, que garantiza en todo el país el cumplimiento del período lectivo, que en la práctica no se aplica en la mayoría de las provincias.

El piso salarial docente fija el sueldo mínimo que deben percibir los maestros que recién se inician en la actividad. Apenas representan el 5% de la planta docente, pero el ajuste de las remuneraciones produce un reacomodamiento en las sucesivas escalas, por lo que finalmente el beneficio del aumento se extiende a todos los educadores.

La actualización del salario docente también repercutirá en los colegios privados, que deberán incrementar los haberes de su personal en la misma proporción. Indirectamente, como se informa por separado, también producirá un alza en las cuotas que deberán pagar los padres.

Por parte del Gobierno integran la comisión negociadora la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, y el subsecretario de Planeamiento Educativo, Osvaldo Devries. Por los gobiernos provinciales concurren los ministros de Educación de Buenos Aires (Mario Oporto), Formosa (Olga Comello de Cabrera), Tucumán (Silvia Rojkes de Temkin), La Rioja (Walter Flores) y Chubut (Haydée Romero).

Los representantes gremiales son Stella Maldonado y Francisco Nenna, por la Ctera; Jorge Dobal, por la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET); Leonardo Fellman, por la Confederación de Trabajadores de Argentina (CEA); Sergio Romero, por la Unión Docentes Argentinos (UDA), y Horacio Ghillini, del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop).

Por Mariano de Vedia
De la Redacción de LA NACION

Impacto en los colegios privados

• A pesar de que la Secretaría de Comercio Interior acordó con las entidades que agrupan a los colegios privados mantener en marzo el valor de las cuotas, el inminente aumento salarial a los docentes impactará en los aranceles de los meses siguientes. El incremento no se trasladará a las cuotas en forma directa, sino de acuerdo con el impacto que tendrá en los costos de la institución, para lo cual se tiene en cuenta la cantidad de alumnos, de docentes, no docentes, la antigüedad de ellos, el número de salas, horas de clases y cursos extraprogramáticos y los porcentajes de aportes recibidos del Estado.